Se produce así la circunstancia de que Zaragoza no cuenta con ninguna radio local con adjudicación legal de frecuencia. El grupo Heraldo ha conseguido una en la capital aragonesa, como excepción, si bien ya tuvo años atrás y terminaron en manos de la cadena Ser. Otros grupos, como Z o Popular, han sido beneficiados tras haber incumplido en el pasado la normativas propia del medio con potencias irregulares o ocupación irregular de espacios del dial. En concesiones anteriores, grupos beneficiados también por el "criterio" de Velasco en esta última, han especulado con la señal que ha terminado en manos de otros grupos. Así, el panorama radiofónico local en Zaragoza y su entorno metropolitano en desolador, dados los reiterados y sistemáticos incumplimientos de la legalidad, y el colofón que supone esta "chapuza" perpetrada por un consejero cuya gestión en Obras Públicas ya estuvo rodeada de brutal polémica.

La situación es tan grave que bufetes de abogados madrileños han llamado a la DGA para interesarse sobre "qué está pasando en Aragón" en un tema que fuentes jurídicas de la capital de España han calificado a este medio como "insólito, sorprendente e indignante", entre otros calificativos. Se prepara un aluvión de recursos por la vía administrativa y, sobre todo, la vía judicial que pueden deparar sorpresas. Ya las hubo recientemente con la posición del tribunal Supremo contraria a las adjudicaciones que la DGA hizo en el pasado, en concreto con una señal reclamada judicialmente con una emisora de Casetas.

La sensación entre operadores locales y abogados especialistas es la de que sobran los concursos. "Nos ahorraríamos todos mucho dinero". Para esta designaciones, favoreciendo a los grupos de comunicación nacionales, no hacían falta alforjas. Velasco ha rizado el rizo del descaro político con estas concesiones caprichosas de imposible justificación en un proceso que lo que pretende es justo todo lo contrario: Favorecer la pluralidad y el desarrollo de radios locales en Aragón. Si, Velasco, radios locales que tú entiendes son las de grupos nacionales que, además, ya poseen muchas frecuencias en Aragón. Has perpetrado un asalto a la pluralidad de tamaño descomunal, un asalto al espíritu de estos concursos que tendrá ahora su contestación en los tribunales. Aunque el daño ya está hecho por parte de un personaje que representa al gobierno que ha traido el trasvase a Aragón.

Antes, Velasco ya se había preocupado de levantar una polvareda monumental con su actitud en el caso de las esquinas del Psiquiátrico, como consejero de Obras Públicas. Este personaje es el que declaró también las carreteras autonómicas que son arregladas registran un aumento significativo de accidentes al favorecer una circulación más rápida, lo que generó indignación en el sector del transporte. "Según Velasco, nunca deberíamos arreglar las carreteras, es más, tendríamos que empeorarlas", replicó ayer Jesús Ángel Arbiol, presidente de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime). "Nadie debe adecuar la conducción al estado de la vía, como sugiere el consejero, pues la Administración es responsable de que la red de carreteras esté en buen estado", agregó.
Para el Real Automóvil Club de España (RACE), las palabras de Javier Velasco sobre las carreteras secundarias, que en Aragón suman 11.000 kilómetros, resultan "equívocas". "El consejero autonómico parece no tener en cuenta que las vías en mal estado influyen negativamente en la siniestralidad y la incrementan", señaló una fuente de la entidad.
Desde el punto de vista del RACE, la Administración "no puede escudarse" en que los conductores corren más cuando se arregla una carretera. "Es como si se tratara de justificar la penosa situación de algunas vías secundarias para no invertir", agregó la misma fuente. Sin embargo el Real Automóvil Club advirtió de que "acondicionar una carretera no es dar vía libre para que se corra más de lo permitido". "No basta con decir que en las carreteras mejoradas se producen más accidentes: la Administración debería investigar todos los siniestros que se registran en ellas para descubrir su causa real", opinó, por su parte, Juan José Alba, director del Grupo de Seguridad Vial y Accidentes de la Universidad de Zaragoza.

Con estos antecedentes, pueden ir formándose una idea del personaje que tenemos como consejero de Presidencia en esta DGA del trasvase.

Pero su "lucimiento" más espectacular llegó con la polémica de las esquinas del Psiquiátrico, que provocó plenos en las Cortes de Aragón. En uno de ellos, el popular Eloy Suárez resaltó que cinco de las siete empresas que concurrían inicialmente al concurso público renunciaron y destacó que hubo una empresa a la que "le salían los números". Al final "aparece un contratista que obtiene las modificaciones que lo hacen rentable". Las cuentas realizadas por el diputado del PP afirman que el contratista del solar conocido como las esquinas del psiquiátrico de Zaragoza se lleva "casi 4 millones de euros" en detrimento del interés general de los aragoneses. El Comité de Dirección del PP aragonés acordó en su día solicitar en las Cortes la creación de una comisión de investigación sobre las esquinas del Psiquiátrico de zaragoza para que se aclaren las "importantes y grandes" zonas de sombra que existen a su juicio en esta actuación. El presidente del PP-Aragón, Gustavo Alcalde, compareció ante los medios después de la reunión del Comité de Dirección en el que se decidió presentar en el registro de las Cortes, la solicitud para que se forme una comisión de investigación sobre este asunto. Alcalde aseguró que hay razones "más que suficientes" para solicitar la creación de la comisión al respecto de esta operación urbanística, que comenzó cuando el Gobierno de Aragón adjudicó a la empresa Brues-Gesai el contrato para la construcción de viviendas en las esquinas del Psiquiátrico a cambio de construir en la misma pastilla de terreno varios equipamientos que requerían el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ejecutivo.
Para el PP, se han alterado de forma "esencial" las condiciones del contrato una vez que éste se adjudicó; no se permitió la publicidad ni la libre concurrencia de empresas para mejorar las condiciones una vez que el contrato se modificó; el Gobierno de Aragón ha ocultado "de manera deliberada" información sobre el expediente, y ante tal "cúmulo de errores" nadie ha asumido responsabilidades.
"Opacidad y prepotencia". El PP, dijo su presidente, ha tomado esta "importante decisión" por un "ejercicio de responsabilidad" para denunciar que el Gobierno de Aragón ha actuado, en este asunto, con "opacidad y prepotencia" y para conocer si este suelo público "se está utilizando para equipamientos sociales o para otras cosas que se ocultan".

Al final, el rodillo del gobierno aragonés fue capeando el temporal para echar tierra sobre un asunto que sigue ahí.